Por Redaccion 
El importe total estafado a una decena de afectados se eleva a casi 19.000 euros
El joven de 25 años E.F.F, acusado de estafar a una decena de personas cantidades que en su conjunto se elevan a 18.900 euros tras aprovechar su condición de empleado en una empresa de telemarketing para usar su datos y realizarse reintegros desde sus cuentas bancarias, ha pactado con la Fiscalía de Valladolid una condena de dos años de cárcel.
El acusado, frente a los seis años a los que se exponía inicialmente por un delito continuado de estafa y otro continuado de descubrimiento y revelación de secretos, ha cerrado ya un acuerdo que este miércoles ratificará en la Audiencia de Valladolid consistente en la citada condena de dos años de cárcel por un concurso de ambos delitos, con las atenuantes de reparación moral y del daño causado–ha consignado una parte del dinero reclamado–, si bien la pena privativa de libertad no la cumplirá debido a que ya cuenta con el informe favorable del fiscal para que la misma quede en suspenso, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Pese al acuerdo existente, el juicio sí se celebrará debido a que las compañías consideradas como responsables civiles subsidiarias de las indemnizaciones, Vodafone, The Phone House y Tres Telemarketing 2020, no asumen dicha responsabilidad y han rechazado una sentencia de conformidad.
El encausado confeso, que carece de antecedentes penales, entró a trabajar en febrero de 2020 en una empresa de telemarketig, encargada de formalizar contratos para una operadora de telefonía, lo que le daba acceso a las bases de datos con información personal de clientes a través de la plataforma Smart de dicha mercantil.
Inicialmente, su trabajo lo realizaba en la trastienda de un establecimiento en la calle Mantería y más tarde en una oficina situada en la calle Don Sancho, hasta la finalización de su contrato en marzo de 2021.
Pues bien, en ese periodo el acusado accedía a la plataforma en la que figuraban los datos de los clientes para, tras seleccionar posibles víctimas, fundamentalmente personas de edad avanzada y con cuenta asociada al Banco Santander, servirse de dicha información personal para, a través de un prolijo proceso, lograr la duplicación de las tarjetas SIM de las víctimas.
A partir de ahí, E.F.F. realizó, en beneficio propio, cargos fraudulentos en nombre de los perjudicados en distintos cajeros–en el caso de una de las víctimas se contabiliza una treintena de operaciones–, a la vez que efectuó numerosas compras en comercios de la provincia.
El acusado no pudo continuar realizando los hechos al ser trasladado de puesto de trabajo, perdiendo la posibilidad de acceso a la base de datos.
Fue el 15 de junio de 2021 cuando la policía efectuó un registro en el domicilio del acusado, en la calle Costada Dorada de la capital, que compartía con sus padres y una hermana y donde los agentes se incautaron de varias prendas que portaba cuando realizaba los reintegros en los cajeros automáticos, dos de los teléfonos móviles para realizar los duplicados de tarjetas SIM de las víctimas, junto con imágenes correspondientes a la documentación de terceras personas y cuentas bancarias.