Por Redaccion El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado su preocupación en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana debido a la exclusión de las comunidades autónomas en la configuración del Plan Estatal de Vivienda. A pesar de ser las entidades competentes en la materia, cofinanciar el Plan y tener la responsabilidad de ejecutarlo, el Ministerio ha tomado decisiones de manera unilateral.
En este sentido, la Junta de Castilla y León, junto con otras diez autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla, han hecho pública una declaración conjunta denunciando esta falta de diálogo y respeto al reparto competencial. Exigen una negociación real que beneficie a los ciudadanos y que se tenga en cuenta su participación en la toma de decisiones.
Los gobiernos autonómicos firmantes recuerdan que los Planes Estatales de Vivienda se han caracterizado por el consenso y la cooperación, a diferencia del actual borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, que ha sido presentado sin un proceso de negociación previo. Se critica al Ministerio por tratar el documento como definitivo y relegar a las autonomías a un papel secundario, a pesar de ser fundamentales en la ejecución y financiación de las medidas de vivienda.
En este contexto, la Junta de Castilla y León y los demás gobiernos autonómicos instan al Gobierno central a respetar el reparto competencial establecido en la Constitución, escuchar a quienes representan a la mayoría de la población y abrir un proceso de negociación efectivo que incluya sesiones técnicas y grupos de trabajo para llegar a acuerdos beneficiosos para todos los ciudadanos.
La vivienda es un derecho esencial y una prioridad en la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León, que se compromete a trabajar en una política de vivienda basada en la colaboración, la eficacia y la búsqueda de soluciones reales para las familias, los jóvenes y los colectivos más vulnerables. Es fundamental que se establezca un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas para garantizar un acceso adecuado a la vivienda en el territorio.
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