Por María Izquierdo 
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón, administrador de una comunidad de propietarios, como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental. Se han detectado diversas irregularidades en la gestión económica de la comunidad, las cuales han ocasionado un perjuicio superior a los 6.000 euros, según informaron fuentes policiales a Europa Press.
El presidente de la comunidad notó desde un principio varias conductas anómalas por parte del administrador. Según su testimonio, el administrador convenció al presidente anterior para modificar el acta más reciente, otorgándose acceso total a la cuenta bancaria comunitaria. Esto le permitía retirar efectivo, emitir cheques y realizar pagos sin control vecinal. El administrador argumentó que esta modificación le permitiría trabajar «con mayor eficacia» sin necesidad de consultar al presidente.
Tras una revisión de las cuentas, el denunciante detectó cargos sin justificación, desconocidos tanto por él como por los vecinos. En junio de 2025, el detenido intentó explicar movimientos llamativos, como un traspaso de cuentas de 3.500 euros y gastos de presidente por 1.780 euros. Sin embargo, el presidente negó haber autorizado o realizado dichos gastos.
El administrador afirmó que la comunidad había sido multada por la Agencia Tributaria con 5.280 euros y presentó un supuesto justificante bancario. Posteriormente se descubrió que el documento era falso, al igual que los códigos seguros de verificación de documentos emitidos por la Agencia Tributaria.
En una revisión posterior de la cuenta comunitaria, se encontraron tres reintegros en efectivo realizados por el administrador, con justificaciones dudosas. A pesar de aportar facturas para respaldar estos gastos, estas carecían de sellos, firmas, CIF y presentaban direcciones incorrectas.
La Policía Nacional corroboró que la empresa que supuestamente realizó los trabajos reconocía haber cobrado en efectivo, pero el presidente afirmó no haber autorizado el acceso a las zonas supuestamente reparadas, lo que sugiere una posible connivencia entre el administrador y la empresa.
El administrador devolvió los 5.280 euros correspondientes a la supuesta multa, pero otros tres cargos por un total de 1.332,50 euros continúan bajo investigación debido a facturas presuntamente falsificadas.
Como resultado de estas irregularidades, el administrador fue detenido el miércoles, 11 de febrero, como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental. Una vez concluido el atestado policial, se remitió el caso a la autoridad judicial, la cual ha impuesto al detenido la obligación de comparecer cuando sea requerido.
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