Por Redaccion Durante la reunión, el director general de Política Agraria Comunitaria también solicitó la mejora de la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos, así como la revisión de las ayudas que perjudican el modelo agrario de Castilla y León.
18 de enero de 2025
Castilla y León | Ministerio de Agricultura, Crecimiento y Desarrollo Rural
La Junta de Castilla y León pidió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una reunión celebrada esta semana, modificar el Plan Estratégico de Política Agraria Comunitaria (PEPAC) 2023-2027 para fortalecer la figura del agricultor profesional y simplificar la gestión de ecohuertos.
En particular, el director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, transmitió a los representantes ministeriales la necesidad de agilizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las condiciones de los regímenes ecológicos en toda la explotación, independientemente de si es de secano, plantas y/o usos de regadío, ya que, en cualquier caso, se trata de una unidad productiva.
Además, durante la reunión, Gómez presentó otras propuestas que, dentro de las intervenciones del primer pilar del PEPAC, complementarían los cambios introducidos por la Comisión Europea durante 2024. Entre ellas, también se encuentra la revisión de ciertas ayudas que son perjudiciales, en particular, para el modelo agrario de Castilla y León, y la mejora de la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos.
La reunión también sirvió para analizar y explicar las consecuencias de estas medidas en la simplificación de la PAC y cómo afectan a la gestión de las explotaciones de agricultores y ganaderos de Castilla y León, ya que la Consejería de Agricultura, Crecimiento y Desarrollo Rural sostiene que las medidas de protección del medio ambiente deben equilibrarse con criterios agronómicos, evitando la restricción del potencial productivo de las explotaciones agrícolas de Castilla y León.
Todos estos aspectos, además de los relacionados con las intervenciones de desarrollo rural, deben formar parte de un documento que el propio Ministerio de Agricultura tiene la obligación de trasladar a la Comisión Europea para su posible aprobación.
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