Por Redaccion 
Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid aumentaron un 16,9 por ciento en 2024, superando por primera vez la barrera de los ocho mil expedientes anuales, sumando 8.304, y consolidando así su habitual, estable y moderado crecimiento, que en los últimos años se había visto alterado primero por la pandemia y luego por los paros en el Poder Judicial.
El principal impulso del aumento viene dado por el crecimiento de la Instrucción, que creció un 36% tras desplomarse el año anterior y absorbió en 2024 algunos de los casos que entonces quedaron sin tramitar debido a las huelgas en los tribunales.
Por su parte, las cuestiones relacionadas con la violencia de género experimentaron un ligero descenso, pero se mantienen en niveles elevados respecto a la serie histórica, con 914 casos atendidos. El aumento del número de casos se produce a pesar de que el umbral de renta para el acceso a la justicia gratuita es más restrictivo, al haberse incrementado el salario mínimo sin igualar el IPREM, el referente en España para la asignación de ayudas y subvenciones en función de la renta.
«El umbral de ingresos para la justicia gratuita se basa en el IPREM, que es inferior al salario mínimo. Esto indica que se reconoce la justicia gratuita a colectivos muy vulnerables y con una situación económica muy complicada», afirma el responsable de la Bolsa. del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), Fernando Rosat, que añade: «Para una persona que vive sola, el límite es de 14.400 euros al año, y para una familia de tres, de 18.000 euros».
El aumento del 19,6% en el número de casos penales resueltos, el más numeroso con 5.518 casos, deja a esta jurisdicción con la cifra más alta de toda la década. El principal impulso proviene del crecimiento de la Instrucción, que se recuperó en 2024 con un crecimiento del 36,6% después de una caída en 2023 paralizada por las huelgas judiciales.
«Los casos penales más numerosos son estafas, especialmente los relacionados con la suplantación de identidad y las compras online, y el aumento de este tipo de delitos ha provocado un aumento del número de denuncias», explica Rosat, a través de un comunicado recogido por Europa Press.
Las cuestiones de violencia de género, incluidas en la jurisdicción penal, experimentaron sin embargo un ligero descenso del 7,6%, con un total de 914 casos atendidos en Valladolid en 2024. Pese a este descenso respecto a los datos de hace un año, el de 2024 es el segundo más grande. cifras en toda la serie histórica y se mantiene elevada.
En los casos de violencia de género se reconoce universalmente la justicia gratuita para la víctima, sin necesidad de acreditar el nivel de ingresos. Sin embargo, el sistema no acepta casos en los que no existe relación con el agresor, aunque el ICAVA ofrece este servicio de forma gratuita a mujeres y niñas víctimas de agresiones y abusos sexuales a través de convenios con la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla. y León.
En 2024 se tramitaron 83 casos de agresión sexual al amparo de estos acuerdos, cifra que aumenta cada año. Dentro de los expedientes penales, además de los expedientes de investigación, también aumentaron los del Juzgado de lo Penal (28%) y los de supervisión penitenciaria (29%), en cifras tan reducidas que apenas inciden en la estadística global y en las que una La variación de varios casos muestra porcentajes de variación muy altos.
Los casos menores, que eran más numerosos, se mantuvieron estables, con un total de 315 casos tramitados.
En otras jurisdicciones, los asuntos civiles experimentaron un aumento del 22,6%, incluso mayor que el penal, con 1.918 casos tramitados en 2024. En este caso, esto también se atribuye a la vuelta a la normalidad tras la recesión por las huelgas de 2023. de Extranjería y Litigios-Administrativos, con un volumen de expedientes mucho menor, son los que propiciaron la disminución de los problemas tratados en 2024, aunque en los tres casos se alejaron de una cifra inusualmente alta del año anterior.
El Departamento de Inmigración experimentó el descenso más significativo, con 221 casos atendidos en el último año, un 18,1% menos que el año anterior. «El año pasado se produjo una especie de efecto recurso en la tramitación de casos en Valladolid por el colapso de otras provincias, que, sin embargo, ya no existe», contextualiza Rosat.
Los asuntos de jurisdicción social se mantuvieron prácticamente estables con 369 casos resueltos, apenas una decena de casos menos que el año anterior, cifra que se mantiene alta de su racha histórica debido al conocimiento entre los trabajadores de que en el trabajo también es posible pedir justicia gratuita sin necesidad de demostrar recursos financieros insuficientes.
Por su parte, los asuntos contencioso-administrativos disminuyeron un 2,3%, con 254 solicitudes tramitadas frente a las 260 del año anterior, cifras que varían ligeramente cada año sin depender de una situación concreta.
Los casos de jurisdicción militar se mantuvieron el año pasado sin cambios en 6, una cifra tan pequeña que tiene poca influencia en las estadísticas colectivas y ni siquiera tiene en cuenta la influencia de factores externos.
El cambio de oficina de Valladolid cuenta con 455 abogados colegiados que atendieron los 8.304 asuntos tratados en 2024, lo que supone que cada abogado atiende una media de 18 asuntos de Justicia Libre al año.
Por competencias, más del 66% de los procedimientos pertenecen a la Juzgado de lo Penal, el 23,1% al Juzgado de lo Civil, el 4,4% al Juzgado de lo Social, el 3% al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y el 2,6% al Juzgado de lo Civil.
Sólo las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género representan el 11% del total de expedientes tramitados en el último año por el turno oficial.
Del total de asuntos atendidos por los abogados del ICAVA en 2024, la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita archivó el 3,1% de los mismos al detectarse algún tipo de defecto formal en la solicitud, a pesar de que los abogados ya habían brindado asistencia. En estos casos no se otorga justicia gratuita al ciudadano, ni se compensa al profesional por el servicio prestado, ni al Colegio por el trabajo de tramitación.
«También vemos que el 80% de las solicitudes finalmente son concedidas, lo que indica que los solicitantes generalmente cumplen los requisitos exigidos sin abusar de estas ayudas», afirma Rosat.
El ICAVA añade que desde 2001, cuando se aprobó el primer Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, el Ministerio de Justicia no ha aumentado los costos de infraestructura pagados al Colegio por la gestión de casos y los servicios de guardia.
«Además, desde 2018 se mantienen sin cambios algunos módulos pírisicos y un catálogo de trámites obsoleto», explica Rosat, quien añade que «pese a que el Reglamento de 2021 lo reconoce, en realidad no pagan procedimientos penales en los que interviene un abogado». «interviene mediante requerimiento judicial o requerimiento legal, y se niega el beneficio por falta de documentación o se archiva el expediente por falta de preparación de la solicitud al solicitante».
La retribución media que recibe un defensor público por cada caso es de 151 euros, por un trabajo que incluye atención las 24 horas del día, los 365 días del año.
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