La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha otorgado un total de 180 carnés profesionales a nuevos instaladores en diversas especialidades técnicas reglamentarias, luego de que se celebraran las pruebas de cualificación el mes pasado, con la participación de 248 aspirantes. Este logro representa un éxito del 73% en la obtención de estas acreditaciones.
Estos carnés tienen como objetivo certificar la habilitación profesional de los técnicos, facilitando así su desarrollo profesional y promoviendo la seguridad industrial en la región de Castilla y León. Entre las áreas abarcadas por las certificaciones se encuentran la de operador industrial de calderas, instalador de gas, productos petrolíferos, agua e instalaciones térmicas en edificios.
La obtención de estas cualificaciones no solo representa una inversión directa en empleo, seguridad y dinamización económica, sino que también permite a los profesionales validar sus conocimientos y habilidades. Esto se traduce en una mejora significativa de sus oportunidades laborales, asegurando la capacitación necesaria para un desempeño correcto de sus funciones, y garantizando así su capacidad profesional a los consumidores.
Además, esta iniciativa contribuye a fortalecer el tejido profesional de Castilla y León al acreditar las competencias de los trabajadores en servicios con una alta demanda. Asimismo, facilita el ejercicio de actividades reguladas en el ámbito de la seguridad industrial.
Las pruebas de acreditación profesional, organizadas por la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a través de los Servicios Territoriales de cada provincia, capacitan a los profesionales para acceder a nuevas oportunidades laborales. Garantizan la calidad y seguridad en sectores industriales clave, asegurando que los instaladores y operadores posean los conocimientos técnicos necesarios para alcanzar un alto estándar de calidad y seguridad en todos los trabajos realizados.
Por último, es importante destacar que estas pruebas forman parte de las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Industria para velar por la seguridad de las instalaciones, tanto industriales como en edificios no industriales. Protegiendo así a la población de posibles accidentes derivados de una mala ejecución o un uso inadecuado de las mismas.
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