Por María Izquierdo El Gobierno de España se ha visto obligado a retirar del orden del día el Mapa Concesional del Transporte de autobús debido a la negativa de las comunidades autónomas a implementar un sistema que perjudicaría a Castilla y León al suprimir 474 paradas.
En una reunión de directores generales, el Gobierno se encontró con el rechazo de 11 comunidades autónomas, incluida Castilla y León, que demandan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible negociar los criterios de manera conjunta en la Conferencia Sectorial de Transportes.
La directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, ha expresado su oposición al Mapa Concesional, calificándolo como un ataque al medio rural al privarles de un servicio básico. Según Paredes, la reorganización propuesta por el Ministerio optimiza rutas a costa de suprimir paradas, un modelo que considera injusto.
Además, se ha planteado la financiación de estas rutas con 40 millones de euros, pero Castilla y León estima que necesitaría 25 millones, ya que el coste de asumir esos trayectos en todo el país asciende a 123 millones, según un estudio.
En cuanto a la gestión de fondos europeos en el transporte, Laura Paredes ha solicitado al Ministerio la posibilidad de destinar remanentes de subvenciones no ejecutadas a actuaciones propias de la Comunidad Autónoma para avanzar en la digitalización del transporte.
La Junta también ha pedido la ampliación de plazos de ejecución de proyectos de digitalización del transporte, como los Sistemas Inteligentes de Transporte, debido a la complejidad técnica que enfrentan las empresas adjudicatarias.
En resumen, la Junta de Castilla y León se opone al Mapa Concesional del Transporte de autobús propuesto por el Gobierno de España, argumentando que perjudicaría al medio rural y solicita una negociación conjunta en la Conferencia Sectorial de Transportes para encontrar una solución que responda a las necesidades de la comunidad.
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