Por Redaccion El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio advierte en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico de la insuficiencia de los fondos asignados a las autonomías y la ausencia de una política clara para afrontar el despoblamiento.
4 de junio de 2025
Castilla y León |
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado hoy de forma telemática en la Conferencia Sectorial del Reto Demográfico y ha criticado la dotación “claramente insuficiente” para abordar con garantías los desafíos poblacionales que afrontan amplias zonas del territorio nacional con la dotación económica anunciada por el Gobierno, tras asignar entre las autonomías el reparto de 23 millones de euros para esta finalidad.
Desde la Junta se considera que el enfoque adoptado por el Gobierno de España traslada el peso de la acción política en materia demográfica a las comunidades autónomas y a las entidades locales, que ya están impulsando actuaciones transversales en todas sus competencias orientadas a garantizar servicios esenciales en el medio rural, generar infraestructuras y oportunidades económicas que dinamicen el rural.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico insiste en que las administraciones autonómicas y municipales no pueden resolver en solitario una “cuestión de Estado” como es el reto demográfico, que exige una acción del Gobierno central “decidida, transversal y desde luego con iniciativa”, asumiendo una tarea que le compete, como prueba la existencia de una Vicepresidencia Tercera dedicada al reto demográfico, como ha indicado el consejero.
Respecto a la estrategia de reto demográfico que fue objeto de un punto del orden del día, la Junta recuerda que sólo hay unas líneas generales accesibles en el Portal de Transparencia, y no hay información sobre cuál va a ser su naturaleza jurídica, su contenido y su realidad. A día de hoy no se ha contado con las comunidades para su confección. Así, en el transcurso de la conferencia, el Ministerio trató más el Plan de Acción País de 30 minutos, un plan para el que no se ha contado con las autonomías ni se han constituido, siquiera, los grupos de trabajo que se habían consensuado.
Castilla y León, como han hecho otras comunidades, critica que los recursos que pone el Ministerio a disposición de las autonomías, además de ser “insuficiente”, llega “tarde”, y hace casi inviable su ejecución, a pesar de que este tema fue ya planteado en la anterior Conferencia Sectorial de 2024, advirtiendo de que los recursos estatales debían ser transferidos a principios de año, y no transcurrido casi medio año.
Finalmente, Suárez-Quiñones ha puesto de manifiesto al Ministerio que la política de reto demográfico no puede basarse sólo por parte del Gobierno de España en una transferencia de fondos, “ni aunque fueran en cantidad relevante”, sino en una acción transversal que implique a todos sus departamentos.
En este sentido, la Junta de Castilla y León considera que el Gobierno debe actuar en Sanidad, ante la falta de médicos con una ausencia de actividad en cuanto a más pruebas MIR y homologación de títulos; en el ámbito de la energía, ya que no se avanza en la transformación y mejora en la red de transporte y subestaciones a puntos de consumo, un aspecto importante para Castilla y León, puesto que afecta a polígonos industriales en el medio rural, claves para el asentamiento de empresas y la generación de empleo, o en vivienda, donde debe darse participación a las autonomías en la confección del nuevo Plan de Vivienda, que debe fijarf líneas claras y suficientes de apuesta por la vivienda en el medio rural, en construcción para venta y alquiler, incluido el alquiler con opción de compra, la rehabilitación, alquiler, etc.
En infraestructuras, la Junta lamenta la inactividad en el Corredor Atlántico, especialmente en el ramal noroeste, y demanda la ejecución de autovías pendientes (arreglo y nuevas autovías planificadas y que no avanzan), el arreglo de carreteras nacionales, o avances en el ferrocarril. En agricultura, es precisa una política hidráulica que vaya de la mano de los regadíos, que no se paralicen modernizaciones de regadíos o incluso los criterios que dan lugar a DIA negativa cuando son proyectos que buscan ahorrar energía y agua, que se ejecuten los planes hidrológicos y todas las infraestructuras pendientes, que haya una apuesta por los nuevos regadíos con lo que ello supone para la fijación de población y atracción de jóvenes y la eficiencia en el uso del agua.
En financiación autonómica y local, la Junta insiste en que el modelo actual penaliza de forma extraordinaria a Castilla y León por su gran extensión territorial, dispersión y envejecimiento; se trata precisamente de las comunidades que necesitan un apoyo y discriminación positiva en materia presupuesta, dado el incremento del coste en la prestación de los servicios públicos en un territorio de esas características, no teniendo en cuenta criterios como la justicia y equidad territorial. En financiación de la dependencia, ésta no llegan al 50 % y prestar los servicios, también los de dependencia, en el medio rural es mucho más caro.
En línea con lo anterior, la falta de una política fiscal diferenciada para el medio rural, sí implantada en cambio en la competencia fiscal de la Junta de Castilla y León, también sería una medida positiva para hacer frente al reto demográfico, como ha defendido el consejero, quien también ha reclamado una política de cotizaciones sociales favorable a los autónomos y al pequeño comercio en el mundo rural.
Por último, Suárez-Quiñones ha advertido de que el mapa estatal de transporte de autobús planteado puede ser «lesivo» para Castilla y León por la supresión de paradas en Castilla y León, algo que ya se ha anunciado también con el AVE, con la eliminación de paradas de tren en el medio rural. Lo mismo ocurre con el retraso en el despliegue de telefonía móvil 5G y del plan UNICO de banda ancha.
Y ha lamentado la fragmentación del régimen jurídico y económico uniforme del mundo rural, como ocurre al dividir a los Cuerpos de Habilitación Nacional encargados de su desarrollo, con la delegación de dichos cuerpos antes al País Vasco, y ahora a Cataluña.