Por Redaccion La Consejería de la Presidencia de Castilla y León continúa avanzando en la consolidación de un empleo público estable y de calidad dentro de la Administración autonómica. En un comunicado reciente, se ha anunciado la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de la relación de plazas disponibles para aquellos empleados públicos que han obtenido la condición de funcionarios tras superar procesos de estabilización.
En total, se incorporarán 712 nuevos funcionarios a sus destinos, sumándose a los 1.913 trabajadores que han pasado a ser fijos tras estabilizarse como personal laboral. Esto representa un total de 2.625 nuevos empleados con plaza permanente en la Administración General. Estas plazas ofertadas corresponden a vacantes incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo, lo que garantiza la consolidación de estos empleados públicos y abre la puerta a futuras opciones de movilidad y progresos retributivos.
El proceso de estabilización supone un avance significativo para los profesionales del sector público, proporcionando mayor seguridad laboral, certidumbre económica y la posibilidad de desarrollar una carrera con mayor estabilidad. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la importancia de reconocer el esfuerzo y compromiso del personal, lo cual contribuye a mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.
En el ámbito de la estabilización de funcionarios, se contemplaron 714 plazas a distribuir a través de 54 procesos selectivos. Dos de estas plazas han quedado sin adjudicar, cumpliendo así con la Ley estatal de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y los objetivos de fijeza establecidos por la Unión Europea.
Además, la Consejería de la Presidencia ha publicado una Orden que reconoce el incremento salarial del 0,5 % para todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Esta medida, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2024, refleja el compromiso de adaptar las condiciones laborales al contexto económico y a los acuerdos establecidos a nivel nacional.
En resumen, estos avances en la consolidación del empleo público en Castilla y León no solo benefician a los trabajadores, sino que también contribuyen a fortalecer los servicios públicos y garantizar su buen funcionamiento.
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