Por Redaccion Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el aumento del 80 % del parque público en alquiler, el impulso al alquiler asequible y las medidas pioneras en suelo y ordenación del territorio.
23 de junio de 2025
Castilla y León |
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
La Junta de Castilla y León ha defendido hoy en el Senado su modelo de política de vivienda como una alternativa eficaz y sostenible frente a las dificultades del contexto nacional.
En el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado las principales líneas de actuación del Gobierno autonómico, y ha destacado la eficacia de su enfoque mixto, centrado tanto en la promoción pública como en la activación del sector privado, con medidas de alto impacto social y territorial.
Durante su intervención, Suárez-Quiñones ha puesto de relieve que la Comunidad incrementará su parque público en alquiler en un 80 % en el actual periodo legislativo (2022-2026), pasando de 2.600 a 4.600 viviendas, y que el parque en venta crecerá un 20 %, con 1.000 nuevas unidades. Esta expansión se apoya en la promoción de obra nueva (más de 1.300 viviendas en alquiler y 1.000 en venta), rehabilitación de inmuebles (más de 500, con el programa Rehabitare como referencia) y la adquisición directa de vivienda ya construida (más de 100), así como otras líneas de rehabilitación. Más de 3.200 viviendas, al menos, verán la luz en estos años hasta el año 2030.
Asimismo, Castilla y León ha sido pionera en la utilización de instrumentos de ordenación del territorio para facilitar la construcción de vivienda protegida. La Comunidad ha reducido a menos de un año los trámites de planificación y gestión urbanística en proyectos de interés autonómico, y acortado a unos 24 meses el plazo medio para la entrega de llaves. Una figura aplicada para construir viviendas en el medio rural en entornos de zonas de interés, actividad económica y carencia de viviendas para sus trabajadores en el medio rural. Se trabaja en los entornos de Aguilar de Campo, Guijuelo, Ólvega, Ribera de Duero y otros objetivos. Centenares de viviendas para fijar a los trabajadores en el territorio, dotarlo de seguridad, evitar desplazamientos y ganar calidad de vida con el sello Tuya Calidad que tienen las viviendas que construye la junta de Castilla y León.
El consejero ha subrayado que estas políticas apuestan por soluciones modernas como el cohousing, la vivienda industrializada y la construcción de edificios pasivos, eficientes y adaptados a las nuevas necesidades sociales y demográficas.
En materia de alquiler asequible, Suárez-Quiñones ha remarcado la efectividad del modelo de incentivos aplicado por la Junta: desde 2015, la inversión pública en ayudas al alquiler ha crecido un 900 %, pasando de 5 a 50 millones de euros en 2024, con un total acumulado de 238 millones que han beneficiado a más de 131.000 personas. Las ayudas alcanzan hasta el 75 % del coste del alquiler, priorizando a personas con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales.
Además, se mantienen descuentos del 20 % en la compra de vivienda protegida y una línea de avales para jóvenes menores de 35 años, junto con beneficios fiscales específicos para facilitar la adquisición, rehabilitación o alquiler de viviendas en el medio rural, donde prácticamente se eliminan los impuestos por transmisión de inmuebles.
Por otro lado, Castilla y León está impulsando reformas normativas que permiten al sector privado promover vivienda protegida sobre suelos dotacionales públicos o privados, adaptar locales comerciales a vivienda en zonas consolidadas y ajustar los precios máximos de la vivienda protegida a las realidades del mercado.
“El modelo de Castilla y León demuestra que, con rigor, innovación y cercanía a las necesidades reales de los ciudadanos, es posible garantizar el derecho a la vivienda y luchar contra la despoblación”, ha concluido Suárez-Quiñones.