Por Redaccion 
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha emitido una orden de alejamiento contra Desokupacyl, prohibiéndole acercarse o comunicarse con un inquilino debido a las presuntas amenazas y coacciones para que abandonara una vivienda por impago del alquiler. La medida cautelar impide al denunciado acercarse a menos de 300 metros del denunciante y comunicarse con él mientras se tramita el caso.
La decisión judicial se basa en la denuncia presentada por el afectado, quien alega que Desokupacyl inició un plan para presionarlo a abandonar la vivienda, al margen de cualquier proceso legal, a instancias de la propietaria del inmueble. La empresa habría utilizado mensajes de WhatsApp amenazantes, insinuando la posibilidad de desalojarlo sin pagar, e incluso llegando a difamarlo con acusaciones graves.
A pesar de la solicitud de suspensión de la actividad de Desokupacyl, el juzgado no ha tomado esa medida, aunque se ha destacado que la empresa no está autorizada como empresa de seguridad privada. La orden de alejamiento busca proteger al inquilino mientras se esclarecen los hechos y se determina la legalidad de las acciones de la empresa.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto la importancia de respetar los derechos de los arrendatarios y seguir los cauces legales en caso de impago de alquiler, evitando actuaciones que puedan considerarse coercitivas o ilegales. La justicia deberá determinar en última instancia si Desokupacyl ha incurrido en prácticas indebidas y si debe responder por sus acciones.
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