Por Redaccion 
El Grupo Parlamentario Popular ha logrado aprobar en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para instar al Gobierno a poner fin al «acoso institucional» al Poder Judicial y garantizar el respeto absoluto a la independencia de jueces y fiscales.
La iniciativa, liderada por el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, ha sido aprobada a pesar del rechazo del Partido Socialista, que se ha negado a condenar las campañas de desprestigio y presión contra los órganos judiciales promovidas desde el entorno de Moncloa.
Gavilanes enfatizó que la independencia judicial es innegociable y que en Castilla y León no permitirán que se socave el Estado de Derecho. Hizo hincapié en que esta postura no solo la defiende su partido, sino también las asociaciones judiciales, los fiscales que han salido a la calle y la Comisión Europea, que exige salvaguardias contra el control ideológico del sistema judicial.
La proposición aprobada también hace hincapié en la necesidad de poner fin a las presiones políticas sobre jueces y fiscales, colaborar activamente en todas las investigaciones relacionadas con la corrupción y revertir las reformas impulsadas por el ministro Félix Bolaños, que representan un riesgo directo para la separación de poderes.
El portavoz del PP advirtió que dicha reforma ha sido rechazada por todas las asociaciones judiciales y fiscales, quienes alertan sobre una amenaza sin precedentes para la democracia. En contraposición, el GPP defendió con claridad que no puede haber regeneración sin justicia independiente ni democracia real sin instituciones que actúen con libertad, lamentando la alineación del PSOE con los intentos del Gobierno central de politizar la justicia, protegerse de los casos de corrupción y atacar a los jueces que investigan al presidente del Gobierno.
En cuanto a las actuaciones judiciales, Gavilanes se refirió a las declaraciones de la portavoz del Gobierno, quien calificó de «difíciles de entender» las acciones legales en curso. El portavoz cuestionó si es realmente difícil de comprender que el juez Llarena continúe instruyendo casos en defensa del Estado de Derecho o que se investigue a Begoña Gómez por tráfico de influencias y sus conexiones laborales con empresas que reciben ayudas públicas.
En resumen, Gavilanes destacó que lo verdaderamente complicado de entender es que el Ejecutivo central busque una justicia sumisa al poder político, cuando lo que los españoles desean, también en Castilla y León, es una justicia libre, firme y valiente que no se doblegue ante nadie.
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