Por Redaccion 
La Junta de Castilla y León, junto con otras diez comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha enviado una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, exigiendo la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esta solicitud se basa en el artículo 12 del reglamento de dicho órgano, debido a la cancelación unilateral de una sesión extraordinaria por parte del Ministerio.
En la carta, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y otros representantes autonómicos, se denuncia la suspensión arbitraria e injustificada de la Conferencia prevista para el 22 de julio. Además, se destaca la falta de respuesta del Ministerio a la solicitud de convocatoria realizada por un número mayor de comunidades autónomas de lo establecido en el Reglamento.
Se hace hincapié en que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, argumento esgrimido por el Ministerio para no convocar la reunión, no afecta al informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, ni implica medidas cautelares que impidan la aplicación de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Asimismo, se recuerda que la aprobación de dicho informe sexenal, requerido por la Directiva Hábitat, debe realizarse antes del 31 de julio y no está relacionado con la consideración legal del lobo como especie protegida.
En la propuesta de orden del día, se incluyen acuerdos urgentes como el reparto de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. Las comunidades firmantes advierten que, de no atenderse su solicitud en un plazo de dos días hábiles, se reservan el derecho de emprender acciones legales.
El orden del día propuesto por las comunidades autónomas incluye abordar el acuerdo sobre la distribución territorial del PIMA Cambio Climático, el reparto de fondos para la conservación de Especies Críticas, la aprobación del informe sexenal de la Directiva de Hábitats, y la sección de ruegos y preguntas.
Con esta iniciativa, la Administración autonómica reafirma su compromiso con la legalidad, el respeto institucional y la defensa de los intereses del medio ambiente y del mundo rural.
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