Por María Izquierdo 
La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expresado su preocupación por la «inseguridad jurídica» en el proceso de acreditación administrativa de situaciones de violencia sexual. Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Igualdad, Blanco se abstuvo en la votación sobre el reconocimiento de mujeres víctimas de agresiones sexuales, debido a discrepancias en el procedimiento administrativo propuesto por el Ministerio de Igualdad.
La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley de Violencia Vicaria discutido en la conferencia, así como ha manifestado su preocupación por los fallos en las pulseras antimaltrato, calificados por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como «incidencias técnicas». A pesar de esto, no se ha proporcionado suficiente información sobre estos incidentes, lo que ha generado incertidumbre.
Blanco ha enfatizado la importancia de la transparencia y la información para que las mujeres se sientan seguras y protegidas. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la protección de las mujeres en todas las circunstancias. Es fundamental abordar y resolver las incidencias técnicas mencionadas para garantizar la eficacia de los sistemas de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
FUENTE