Por María Izquierdo 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido una alerta sobre la situación de emergencia y fractura estructural en la administración educativa de Castilla y León, que se encuentra al borde del colapso debido a la falta de personal en las direcciones provinciales. Según un informe técnico del sindicato, el 31,7% de las plazas en las oficinas provinciales están vacantes, lo que representa un aumento preocupante con respecto a datos anteriores.
Esta escasez de personal está afectando la planificación del curso escolar, la gestión de obras y equipamientos, así como procesos clave como la escolarización, el transporte y los pagos a proveedores. La presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, ha destacado que la falta de personal en los centros educativos está teniendo un impacto directo en la calidad educativa, ya que una de cada tres sillas administrativas está vacía.
Se han identificado situaciones críticas en varios centros educativos, donde la falta de personal laboral y funcionario no docente está comprometiendo la gestión diaria. En algunos casos, como en tres institutos de Salamanca capital, no hay ningún administrativo disponible. En Burgos, el CIFP Juan de Colonia cuenta solo con dos administrativos, siendo una de esas plazas cubierta desde el verano, lo que ha obligado al personal docente a asumir tareas administrativas adicionales.
El presidente del sector de Administración General de CSIF Castilla y León, Agustín Argulo, ha señalado que esta situación es el resultado de años de abandono institucional, ya que la Junta no ha actualizado las Relaciones de Puestos de Trabajo en más de dos años. Esto ha llevado a retrasos en áreas críticas como la planificación, la construcción y equipamiento, y la contratación, afectando la admisión de alumnos, el transporte escolar y la ejecución presupuestaria.
CSIF ha exigido a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Función Pública una intervención inmediata para cubrir las vacantes y garantizar la estabilidad y calidad de los servicios educativos en la región. Se destaca la importancia de una gestión administrativa ágil y robusta, ya que la educación pública no puede sostenerse solo con docentes. Sin una estructura administrativa adecuada, el sistema educativo corre el riesgo de colapsar.
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