Por Redaccion 
La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la condena a la empresa CLECE S.A. por la deficiente atención prestada a María Álamo, una residente de 82 años cuya muerte se debió a una sepsis generalizada provocada por una úlcera sacra infectada de grado IV. La resolución respalda a la familia de la víctima, que había sido representada por el letrado Santiago Díez de la Asociación El Defensor del Paciente. El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Valladolid había establecido una indemnización de 80.116 euros a favor de los tres hijos de María Álamo, Jesús, María Luisa y Ángel Suárez Álamo, más intereses legales y moratorios.
Los hechos tuvieron lugar en la Residencia de la Tercera Edad San Ramon y San Luis en Mojados (Valladolid), gestionada por CLECE S.A., donde falleció la octogenaria el 6 de mayo de 2016. La familia tuvo que esperar años para acceder a la autopsia de la anciana, esencial para esclarecer la causa de su fallecimiento. Desde 2017, los hijos presentaron reclamaciones ante distintas entidades sanitarias denunciando la falta de entrega del informe de necropsia y la falta de respuesta clara por parte de la Administración, lo que generó incertidumbre y vulneró su derecho a recibir información clínica esencial.
La sentencia destacó que la residencia no cumplió con los cambios posturales prescritos, desatendió a la paciente durante cinco días críticos a pesar del riesgo de úlcera, y no siguió la derivación a geriatría ordenada por el médico, lo que permitió que una úlcera evolucionara al grado IV, causando la sepsis mortal.
Los hijos de María Álamo denunciaron la negligencia sufrida y el largo camino que tuvieron que recorrer para conocer la verdad sobre la muerte de su madre. Desde la Asociación El Defensor del Paciente, su presidenta Carmen Flores destacó la doble victimización que sufren muchas familias en casos como este.
La Audiencia Provincial de Valladolid envió un mensaje contundente con su fallo, destacando las consecuencias de la negligencia y el abandono en el cuidado de personas mayores. Esta sentencia es un paso más para dignificar la vida de los ancianos y exigir a las instituciones que respeten el derecho de las familias a la información y la verdad.
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