Por Redaccion La Junta de Castilla y León ha presentado en Sevilla la experiencia pionera de transformación digital de contratación pública a través de la Plataforma Duero, que permite digitalizar íntegramente los expedientes contractuales, garantizar la interoperabilidad con sistemas internos y externos, y la automatización inteligente de actuaciones administrativas. Este avance ha logrado reducir errores y demoras en la gestión de contratos, siendo destacable que el 70,45 % de los contratos menores tramitados en el año 2025 se han gestionado íntegramente mediante automatización inteligente.
En el marco del IV Encuentro Autonómico de Contratación Pública celebrado en Sevilla, representantes de distintas comunidades autónomas han compartido experiencias y buenas prácticas en la gestión de la contratación pública. El secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, José Angel Amo, ha expuesto el proceso de transformación digital de la contratación pública electrónica a través de la Plataforma Duero, destacando los logros alcanzados desde el inicio del proyecto en 2009 hasta la consolidación del modelo actual.
La Plataforma Duero no solo ha permitido la digitalización de expedientes contractuales, sino también la automatización inteligente de procedimientos, el uso de herramientas de robótica, gestión documental e inteligencia de datos. Con este sistema, se ha logrado un notable incremento de la productividad, garantizando la seguridad jurídica, transparencia y reducción de plazos en la tramitación de contratos. Además, se han optimizado tanto los sistemas de racionalización técnica de la contratación de la Administración de Castilla y León, como los relacionados con el suministro de energía eléctrica, servicios postales o gas natural.
El secretario general resaltó en Sevilla que la transformación digital implica un proceso continuo que requiere aprendizaje, flexibilidad y adaptación por parte de las personas y las organizaciones. En este sentido, subrayó que la automatización inteligente no reemplaza a los empleados públicos, sino que les libera tiempo para actividades de mayor valor añadido, fortaleciendo la transparencia y la calidad en la gestión pública.
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