Por Redaccion 
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid ha dejado sin efecto la multa de 600 euros impuesta al médico jubilado vallisoleano y activista Luis Ocampo por participar en 2022 en un acto en favor de la sanidad pública, estimando así el recurso interpuesto contra la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
En su sentencia, Óscar Luis Rojas de la Viuda, titular del citado juzgado, admite el recurso de Luis Ocampo y, por tanto, deja sin efecto la sanción económica impuesta de 700 euros a Luis Ocampo por la Delegación del Gobierno en Valladolid, confirmada posteriormente en los diferentes recursos de alzada por la Subdirección General de Recursos Humanos y por la Dirección General de Política Interior.
«La denuncia, se refiere a la incitación a la desobediencia y falta de respeto a la autoridad, y, asimismo en la ratificación, a ese comportamiento sin relatar en que consiste esa «primera oposición física» o las posteriores. Los tres testigos que han declarado en la vista, en sus relatos, no ponen de manifiesto ni la existencia de una orden concreta y clara de dejar expedita la vía ni ningún comportamiento del sancionado del que se deduzca que se negara a cumplir la orden de abandonar la acera», advierte el juzgador, que, portal motivo, entiende que la resolución impugnada debe ser anulada en tanto que «ni en la denuncia ni en la ratificación queda suficientemente concretado ni el mandato claro y expreso que fue desobedecido ni la conducta del demandante que hubiera supuesto la desobediencia por la que se le ha sancionado».
Los hechos objeto de análisis se produjeron durante la mañana del 11 de mayo de 2022, durante el desarrollo de una manifestación en defensa de la sanidad pública ante la Consejería de Sanidad sita en el Paseo de Zorrilla nº 1 de Valladolid, donde, según mantuvieron agentes de la Policía Nacional, el interesado desobedeció las indicaciones policiales que le conminaban para dejar una zona de paso a los transeúntes, así como otra que permitiera el acceso y salida a las dependencias oficiales de la Consejería, comportamiento
En sus primeras declaraciones tras el fallo, el recurrente, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que «uno de los principales problemas del país es que las autoridades políticas actúan cada vez más no en función del bien común y de la mejora social, sino en función de la defensa de sus intereses corporativos, y para ello no dudan en utilizar cualquier herramienta posible, incluyendo a algunos sectores de las fuerzas policiales».
«Esta sentencia, como otras, demuestra que dentro de las estructuras del Estado hay gente en disposición de actuar a favor de la verdad y la justicia. Ello es una gran esperanza para el necesario proceso profundo de mejora del entramado institucional», concluye el activista.
La vista del recurso se celebró el pasado día 15 de mayo, acto en el que Ocampo contó con una concentración de apoyo a las puertas de la sede de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el número 8 de la calle San José.