Por María Izquierdo 
El Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), integrado en Uscal, ha alertado sobre la falta de funcionarios en los servicios jurídicos de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente en varias provincias. Esta carencia está provocando un colapso en la tramitación de denuncias y afectando gravemente a la protección del medio ambiente.
Según el sindicato, la falta de funcionarios responsables de tramitar los expedientes sancionadores derivados de las denuncias interpuestas por los agentes medioambientales y otros cuerpos de agentes de la autoridad contra las infracciones medioambientales está generando un impacto directo en el trabajo de los agentes y en la seguridad jurídica de los ciudadanos. Esta situación, además, deja desprotegido al medio ambiente.
Las denuncias sobre incumplimientos ambientales, que deben ser resueltas por la administración autonómica en la mayoría de los casos, están quedando sin respuesta adecuada debido a esta falta de personal en los servicios jurídicos. Como consecuencia, las infracciones quedan impunes, se repiten y causan daños irreparables al entorno natural, a la seguridad medioambiental y a la salud pública.
El sindicato ha criticado la gestión del actual Equipo de gobierno de la Junta, señalando la contradicción de anunciar la contratación de 90 técnicos sin cubrir más de 20 plazas de funcionarios en los servicios jurídicos de Medio Ambiente. Esta política, según Apamcyl, prioriza contrataciones de dudosa base jurídica mientras descuida puestos esenciales para la aplicación de las leyes ambientales, alimentando la impunidad de los incumplimientos normativos.
Ante esta situación, el sindicato ha exigido a la Junta que tome medidas urgentes para cubrir las plazas vacantes de funcionarios en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. En un año marcado por graves incendios forestales, es fundamental garantizar la protección del medio ambiente, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la eficacia del trabajo de los funcionarios públicos.
En resumen, la falta de personal cualificado en los servicios jurídicos está poniendo en riesgo la correcta aplicación de las leyes ambientales en Castilla y León, lo que podría tener consecuencias graves para el entorno natural y la salud pública. Es necesario que se tomen medidas urgentes para solucionar esta situación y evitar la impunidad en los incumplimientos normativos.
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