Por Redaccion El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado la segunda edición del curso de formación para el acceso a la bolsa de interinos de Secretaría-Intervención en la Facultad de Derecho de Valladolid. Esta iniciativa, financiada por la Consejería de la Presidencia, tiene como objetivo preparar a 1.100 personas para ejercer funciones esenciales en los ayuntamientos de Castilla y León.
Durante el acto de inauguración, González Gago destacó que este programa busca hacer frente a la falta de secretarios e interventores en los ayuntamientos, figuras clave para garantizar la legalidad, transparencia y eficacia en la gestión municipal. Con más de 2.000 solicitudes recibidas, se seleccionaron a 1.100 personas para participar en una formación teórico-práctica que se llevará a cabo en las nueve provincias de la Comunidad.
El curso, de 130 horas de duración, incluirá 50 horas de formación online y se desarrollará durante 16 semanas los sábados por la mañana. Tras completar la formación, los participantes deberán superar un examen para optar a la bolsa de interinos. Esta medida responde al Decreto 36/2022, que establece un sistema de selección transparente y objetivo para asegurar la calidad y profesionalidad en la gestión de la administración local.
Gracias a la primera edición de la bolsa de la Consejería de la Presidencia, 399 solicitudes de municipios y entidades locales han sido atendidas, beneficiando a 777 municipios de Castilla y León. El consejero resaltó la importancia de este programa para brindar estabilidad a los ayuntamientos y ofrecer oportunidades de empleo público cualificado en el ámbito local.
Además, González Gago hizo un llamado al Estado para que asuma su responsabilidad en la organización de las oposiciones de secretarios, interventores y tesoreros de administración local, garantizando la cobertura estable de estas plazas mediante funcionarios de carrera. Se instó a que estas pruebas se celebren en Castilla y León y se evite delegar la gestión de las oposiciones a las comunidades autónomas, asegurando la igualdad de oportunidades para todos los opositores.
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