Por María Izquierdo 
UGT Servicios Públicos ha criticado a la Junta de Castilla y León por aumentar significativamente el gasto en helicópteros médicos más antiguos, mientras persisten los problemas laborales del personal de transporte sanitario aéreo en huelga.
Según el sindicato, la Junta ha adjudicado un contrato de 95,4 millones de euros para el servicio de helicópteros medicalizados, que podría ascender hasta los 174 millones con prórrogas. Sin embargo, esta inversión no se traduce en un mejor servicio ni en mayor seguridad, ya que la edad promedio de la flota de helicópteros ha aumentado de 12 a casi 19 años con esta nueva licitación.
A pesar de anunciar una mejora en la cobertura con diez helicópteros y uno de reserva, la Junta no garantiza la renovación de los aparatos ni la estabilidad de los tripulantes, lo que genera una contradicción evidente.
Además, la empresa adjudicataria no está obligada a proporcionar helicópteros nuevos, lo que significa que se seguirá dependiendo de una flota envejecida mientras se destinan grandes cantidades de dinero a la subcontratación.
UGT considera incomprensible que se incremente el gasto en contratos privados mientras los profesionales se mantienen en condiciones precarias, con salarios congelados durante años y un alto porcentaje de falsos autónomos, sin ser reconocidos como parte del sistema público de emergencias.
El sindicato ha exigido a la Consejería de Sanidad que dé cuenta de los criterios técnicos, la edad y procedencia de cada aeronave, y que publique la planificación real del servicio, incluyendo tiempos de respuesta y dotaciones hospitalarias de aterrizaje.
Además, se ha solicitado a la Administración autonómica que avance hacia un modelo público de transporte sanitario aéreo que integre a estos profesionales en el sistema sanitario autonómico, similar al resto del personal que trabaja en emergencias sanitarias públicas.
En resumen, UGT destaca la necesidad de un servicio público de emergencias seguro, eficaz y transparente, que cuide tanto a los profesionales como a la ciudadanía, en lugar de contratos millonarios y titulares propagandísticos.
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