Por Redaccion 
La Audiencia de Valladolid celebra un juicio contra un empresario de origen rumano acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Se le acusa de utilizar a trabajadores irregulares de origen marroquí para labores agrícolas, sin contrato y sin darles de alta en la Seguridad Social.
Según la Fiscalía, se solicita una condena de tres años de cárcel, una multa de 4.500 euros y la obligación de indemnizar con otros 4.000 a sus cinco víctimas. Los hechos se remontan a los años 2021 y 2022, cuando el acusado, Florinel M.C. (‘Marius’), como empresario individual, contrataba a trabajadores de origen marroquí en situación irregular en España para realizar actividades agrícolas como la recogida de patatas, la vendimia y la poda.
Las víctimas, en total cinco, no tenían contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social, aceptando las condiciones impuestas por ‘Marius’. Estas condiciones laborales, según la acusación pública, contravenían la normativa del sector. Los trabajadores recibían un salario de 20 euros por saco de patatas, seis euros por hora en la vendimia y entre 12 y 15 céntimos por la poda. Además, debían pagar tres euros al acusado por el traslado a los campos de trabajo.
La acusación también sostiene que el acusado pagaba los servicios prestados por conveniencia, dilatando en el tiempo los pagos para mantener a las víctimas siempre disponibles. La explotación laboral y el incumplimiento de las leyes laborales son temas que han generado controversia en este caso judicial.
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