Por Redaccion La Junta de Castilla y León, junto con otras diez comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha enviado una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico exigiendo la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esta solicitud se basa en el artículo 12 del reglamento de dicho órgano y surge debido a la negativa del Ministerio a celebrar una sesión extraordinaria tras su cancelación unilateral.
En la misiva, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto con representantes de otras regiones como Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, se denuncia la suspensión arbitraria e injustificada de la Conferencia prevista para el 22 de julio. Además, se destaca la negativa del Ministerio a atender la solicitud de convocatoria, a pesar de contar con el respaldo de un número significativo de comunidades autónomas.
El documento resalta que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, argumento esgrimido por el Ministerio para justificar la no convocatoria, no afecta al derecho de informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, ni implica la solicitud de medidas cautelares que puedan obstaculizar la aplicación de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.
Asimismo, se hace hincapié en que la aprobación del informe sexenal, requerido por la Directiva Hábitat, debe llevarse a cabo antes del 31 de julio y no está vinculado a la consideración legal del lobo como especie protegida. En la propuesta de orden del día también se incluyen otros puntos urgentes como el reparto de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, fundamentales para realizar inversiones en conservación de la biodiversidad.
En caso de no recibir respuesta a esta solicitud en dos días hábiles, las comunidades firmantes se reservan el derecho de emprender acciones legales. El orden del día propuesto por las comunidades autónomas abarca acuerdos sobre la distribución territorial del PIMA Cambio Climático, el reparto de fondos para la conservación de Especies Críticas, la aprobación del informe sexenal de la Directiva de Hábitats, y un espacio para ruegos y preguntas.
Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reitera su compromiso con la legalidad, el respeto institucional y la defensa de los intereses del medio ambiente y el mundo rural.
FUENTE