La Junta de Castilla y León se opone al «intento de imposición» del Gobierno central
La Junta de Castilla y León ha decidido no participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud programado para este jueves en respuesta a la actitud de imposición y falta de diálogo por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en el proceso de distribución de menores no acompañados entre las comunidades autónomas.
Castilla y León rechaza el intento de imposición del Gobierno de España al convocar una Conferencia Sectorial con un orden del día considerado «ilegal» debido a que fue rechazado por mayoría en la Comisión Sectorial previa, contraviniendo las normas que rigen su funcionamiento.
En un comunicado recogido por Europa Press, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expresado su negativa a tratar a los menores como «objetos de intercambio político», enfatizando que son individuos que requieren protección y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como herramienta para resolver asuntos parlamentarios urgentes.
Asimismo, Blanco ha criticado la utilización de los menores como «escudo político» por parte del Gobierno, destacando que su compromiso reside en el bienestar de los menores y no en los intereses del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
En este sentido, ha señalado que el plan de distribución propuesto por el Gobierno busca generar discordia entre las comunidades al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único propósito de excluir a Cataluña y al País Vasco, sus aliados parlamentarios en el Congreso, de la distribución.
Ante esta situación, ha demandado respeto institucional y ha afirmado que no se puede gobernar mediante decretos, sin escuchar a las comunidades autónomas, despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios.